*Artículo de Rafa Mayoral y Juan Ortega.

La vida sigue entre convocatorias electorales y, aunque ahora mismo no parezca importar demasiado y esté fuera de la agenda setting de los medios, mientras tanto, las hipotecas siguen subiendo y se vienen tiempos convulsos para muchas economías domésticas en este país. El aumento de las cuotas de los préstamos hipotecarios -que suponen el principal gasto de las economías familiares-, derivado a su vez de la considerable subida de los tipos de interés por la crisis de la pandemia y la guerra en Ucrania, implica una reducción drástica en la renta disponible de los hogares y nos aboca a un riesgo de impago por parte de las familias de dichos préstamos hipotecarios y créditos al consumo. Y esto puede generar en el corto plazo terribles consecuencias sociales y económicas para el conjunto de la población, como las que tuvieron lugar en la crisis de 2008.

Este mes de junio es momento de revisión anual de las hipotecas para muchos hogares. Implica que estas familias tendrán que asumir ahora, y de una tacada, el apreciable incremento de tipos de interés producido a lo largo de los últimos doce meses. De hecho, y como consecuencia de ello, suben las hipotecas pero no así los intereses de los depósitos: la gente apenas recibe dinero por tenerlo en el banco. Ante las sucesivas subidas de las cuotas hipotecarias, Podemos ha hecho distintas propuestas al resto de partidos en el Congreso para abrir el debate público sobre una situación cuya gravedad va ‘in crescendo’.

Sin embargo, nuestra propuesta reciente es la más completa y la presentó Ione Belarra hace poco más de una semana. Pretende dar salida a la situación de emergencia por la subida de las hipotecas que está a la vuelta de la esquina y se une a la negativa a devolver el rescate bancario aún a día de hoy por parte de las entidades financieras, así como a la necesidad de prevenir a la sociedad de las externalidades negativas derivadas de la actividad del sector financiero. Por eso, presentamos una proposición de Ley de Responsabilidad Social del Sector Financiero -que se ha quedado en el cajón con la convocatoria de elecciones anticipadas- con medidas urgentes y estructurales, antiinflacionarias y de protección a las familias, y que esas medidas las pague el sector financiero.

Hablamos, en primer lugar, de crear un fondo de responsabilidad social del sector financiero que actúe de seguro para proteger a la población de las consecuencias de la actividad financiera (ante crisis económicas, guerras, pandemias, subida de tipos de interés, ejecuciones hipotecarias masivas…) y que tenga además una finalidad compensatoria en cuanto a la devolución del rescate a los bancos que se produjo en nuestro país con la crisis de 2008. Un fondo creado a imagen y semejanza de otros como el de Garantía de Depósitos o el de Garantía Salarial, integrado obligatoriamente por todas las entidades financieras que desarrollen su actividad en España y dirigido por una comisión gestora de mayoría de representantes del sector público.

Además, incluimos otras medidas como quitas obligatorias sobre las cuotas de los préstamos que reduzcan el impacto en las familias de las subidas de tipos, con el objetivo de salvar los contratos y que puedan seguir cumpliéndose en condiciones de viabilidad; la limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al importe del bien hipotecado, sin que pueda condenarse a las familias a la pérdida de la vivienda y el mantenimiento de una deuda perpetua; el derecho del deudor a la dación en pago con extinción total de la deuda hipotecaria; y nuevos instrumentos obligatorios de solución extrajudicial de controversias que reduzcan la litigiosidad y amortigüen las consecuencias para los deudores y el sistema en su conjunto.

Esta proposición de ley, que podría servir para el futuro más inmediato cuando se conformen las próximas Cortes, recoge cumplir con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea así como con lo acordado en el Congreso de los Diputados en 2020 para regular la cláusula ‘rebus sic stantibus’ -los nuevos instrumentos obligatorios de solución extrajudicial de controversias- y así evitar una oleada de ejecuciones hipotecarias que condenen a la población a deudas perpetuas.

Este, en esencia, es lo que llamamos el ‘Plan Belarra’ frente al ‘Plan Botín’. La presidenta del Banco Santander propone que el Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial, conceda avales hasta el 20% sobre los préstamos hipotecarios que soliciten jóvenes o las familias con pocos recursos. Una medida engañosa porque, lejos de apoyar a la gente, tiene como destino subvencionar a los bancos en caso de ejecución hipotecaria ante el riesgo que supone dar una hipoteca por el 100% del valor de la vivienda. Hipotecas potencialmente tóxicas distribuidas por los bancos entre la población con el apoyo del Estado.

Esta propuesta fue alabada en su día por la banca y abrazada en primer lugar por los dirigentes del PP madrileño y andaluz, Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla. Luego, ya próximos a la campaña de las últimas elecciones, por el PSOE; y finalmente, también por Vox.

Frente a este ‘Plan Botín’, Podemos defiende su ‘Plan Belarra’: un plan que reclama que el Estado garantice la protección a la población de los abusos de las entidades financieras.