El pasado 23 de julio, la ciudadanía progresista de nuestro país, junto al conjunto de las ciudadanías catalana y vasca, dio una lección de democracia y se movilizó de manera masiva para impedir un Gobierno de PP y Vox en el Estado. Una gran noticia con la que todos los demócratas respiramos aliviados tras una campaña en la que Feijóo se veía entrando por una alfombra roja en la Moncloa. Sin embargo, el alivio inicial no puede opacar una reflexión más pausada y necesaria para enfrentar esta nueva legislatura. La realidad objetiva muestra que en estos tres años existía en el Congreso de los Diputados una mayoría progresista y plurinacional que se había expresado elección tras elección. Esa mayoría ha desaparecido. Por poner un ejemplo, la primera ley de vivienda de nuestra democracia, que permite regular los precios del alquiler, no existiría. Aún existe, no obstante, una mayoría plurinacional y democrática que es necesario articular para dar lugar a un nuevo Gobierno de coalición que se atreva con las transformaciones sociales, feministas y democráticas pendientes.

La clave de la cuestión es que la nueva coalición no puede entender esta legislatura como una suerte de prórroga que nos han regalado los españoles y españolas en la que no hace falta hacer nada. Conociendo como conocemos al PSOE, me preocupa enormemente que usen esta nueva mayoría como una excusa para no abordar ninguna de las medidas pendientes, que son muchas. Necesitamos un nuevo Gobierno valiente, ambicioso, que se atreva con las heridas profundas que tiene nuestro país y que supuran una y otra vez porque no se las atiende como corresponde: la crisis de la desigualdad, la del modelo territorial y la terrible emergencia climática. El nuevo Ejecutivo no puede ser un Gobierno de transición que deje las cosas como están, porque eso significará que esta vez no han pasado pero que, al final, pasarán. Es cuestión de tiempo si no dibujamos un proyecto de país claro que dé respuesta a los grandes problemas de nuestra sociedad.

En mi opinión ese proyecto de país tiene al menos tres elementos constitutivos centrales. Por un lado, es un país feminista, que cuida a las personas y al Planeta. El feminismo, ya lo hemos visto con el caso Rubiales, es el movimiento social de nuestro tiempo con mayor capacidad de transformación social. El único con capacidad de poner a todo el país a debatir en un sentido progresista sobre una cuestión de la que nunca se había hablado: el consentimiento. El feminismo está ofreciendo las mejores respuestas a las grandes preguntas de nuestro tiempo: el cierre de las brechas de desigualdad social, racial y de género, el reparto del trabajo asalariado, el derecho a cuidar y a ser cuidado, las vidas seguras y libres de violencia, la convivencia en equilibrio con el Planeta. El feminismo no es un pin de quita y pon del que puedas desprenderte en campaña porque tus amigos se han sentido ofendidos.

El segundo elemento clave es avanzar hacia un modelo de Estado que haga que los territorios que no son Madrid, especialmente las naciones sin Estado —pero no sólo—, sientan que este también es su país. Creo que es muy difícil seducir a Euskadi y Cataluña en ese sentido si no avanzamos hacia una república plurinacional de corte federal o confederal. Una república basada en la igualdad de derechos para que Soria y Girona se reconozcan en su diversidad.

En tercer lugar, es imprescindible un país en el que unos pocos no manden sin presentarse a las elecciones. Para ello es imprescindible una verdadera agenda de democratización de nuestro Estado que sin duda incluya a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la judicatura, pero también el control democrático de los sectores estratégicos que garantizan (o no) condiciones de vida dignas para la mayoría social: la sanidad, la vivienda, la energía o —como hemos visto estos días— las telecomunicaciones, son algunos de ellos.