El mes de agosto que dejamos atrás ha sido el mes de las olas de calor, el mes glorioso de las campeonas del mundial de fútbol enfrentadas al machismo de Rubiales, el mes de las propuestas del PNV para negociar la investidura de Pedro Sánchez y la del Lehendakari Íñigo Urkullu para abrir un proceso que lleve a una interpretación plurinacional de la CE. Las rogativas de Alberto Núñez Feijóo no cuentan dado que se encamina a una investidura fallida.

El PNV quiere utilizar su fuerza para que la judicatura española pueda investigar crímenes de genocidio y de lesa humanidad, abrir el melón de la ley de secretos oficiales, acabar con la inviolabilidad del Rey cuando no actúe en funciones de jefe de Estado, eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía y el carácter ejecutivo de las sentencias del su tribunal de Garantías, y modificar las normas que regulan el CNI para evitar casos de espionaje político como el Pegasus. Son propuestas para la profundización democrática del Estado, anticipadas por otros partidos como Podemos, ERC, Bildu o Junts, independientemente de que el PNV necesite agruparlas ahora porque Bildu puede sobrepasarlos en en apoyo electoral en Euskadi.

Por su parte el Lehendakari Urkullu propone abrir un proceso bilateral de negociación entre Galicia, Euskadi y Cataluña con el Estado español para lograr un pacto de interpretación plurinacional de la CE de 1978. El Lendakari sabe, y por eso plantea las condiciones para su exclusión indicando que solo las comunidades forales y las que en la república fueron reconocidas son nacionalidades históricas, que Andalucía accedió a la condición constitucional de nacionalidad histórica por la vía del artículo 151 de la CE ejerciendo el derecho a decidir en 1980. Fue el golpe de estado fascista en julio del 1936, el que impidió el reconocimiento del mismo estatus para Andalucía en septiembre del mismo año como estaba previsto. No debería ser el franquismo el que establezca la división entre quienes son nacionalidades históricas y quienes no, sino los pueblos que así lo deciden.

Agosto ha concentrado en España hechos que ratifican que los temas que demandan respuestas políticas urgentes por parte de las fuerzas progresistas son la lucha contra el cambio climático y sus efectos, la consolidación y avance en el proyecto feminista, y la creación de las condiciones ambientales e institucionales para la profundización democrática y la estabilización de un nuevo modelo territorial que tenga en cuenta la plurinacionalidad del Estado y las demandas de soberanía de los pueblos que se sienten pueblos culturales y políticos.

En esta legislatura, si se forma gobierno, y esto va a depender esencialmente de la flexibilidad del PSOE y de la elasticidad del independentismo catalán, se van a hacer visibles dos bloques. Un bloque reaccionario amparado por Felipe VI, y un bloque democrático formado por los partidos soberanistas, Sumar y Podemos, en el que el PSOE, que apoyó la aplicación del 155 a Cataluña, no tiene más remedio que estar, aún agarrado al freno de mano de los motores ideológicos progresistas del cambio: el feminismo, la ecología y la plurinacionalidad.

Buenas señales serían que, ademas de la negociación con Junts y ERC, los actores llamados a formar gobierno recuperasen el empuje feminista de Irene Montero, dándole a ella y a su equipo continuidad en el ministerio de Igualdad, que se tomasen muy en serio las propuestas negociadoras del PNV para la profundización democrática y que abordasen decididas políticas estructurales que pongan la defensa contra el cambio climático y sus efectos en el centro de la agenda política. Lo del lehendakari Urkullu lo dejo para mejor ocasión, pero anticipo que ningún proyecto de avance plurinacional será posible sin la connivencia de Andalucía y sin un horizonte republicano.