La cuestión del saneamiento animal y las campañas de erradicación de la tuberculosis bovina es compleja y está llena de aristas, más allá de titulares sensacionalistas y del negacionismo irresponsable de la Junta de Castilla y León los ganaderos tienen quejas fundadas y reivindicaciones legitimas. Y quien dice tuberculosis bovina dice también brucelosis o viruela ovina. El actual modelo de gestión pone el peso sobre los hombros de los ganaderos, perjudicando especialmente a la ganadería extensiva y tradicional así como a la trashumancia, es decir precisamente aquella que más merece ser protegida y apoyada.

Nadie niega la necesidad de las campañas de saneamiento, claro que es importante frenar la extensión de la enfermedad entre la cabaña ganadera. Pero no podemos dar la espalda al hecho de que más de 40 años de planes de erradicación no han logrado que los índices de prevalencia de la enfermedad mejoren en muchos territorios. Se deben mejorar los protocolos y la metodología de estos planes.

No parece probable que se vaya a poder erradicar la enfermedad sin el desarrollo de una vacuna, algo para lo que es imprescindible la inversión pública como ya hemos visto en otros casos. Asimismo, es necesaria una mayor inversión en I+D para la mejora de la diagnosis.

Las campañas de saneamiento se basan en unas pruebas diagnósticas poco fiables: de cada 10 positivos que se dan en las explotaciones solo 3 son confirmados en el matadero, lo que significa que 7 de cada 10 animales sacrificados por haber dado positivo en realidad estaban sanos. Cuando en una explotación se da un positivo toda la cabaña se ve inmovilizada durante semanas lo que conlleva una pérdida económica importante, tanto por lucro cesante como por aumento de gastos, sobre todo para la ganadería extensiva ya que al no poder mover de pastos al ganado se incrementa exponencialmente el gasto en piensos. Debemos recordar además que el ganadero tiene prohibido realizar un segundo análisis para confirmar el diagnostico pese al alto número de falsos positivos.

El exceso de burocracia en la gestión de las indemnizaciones hace que en muchos casos no lleguen o lleguen tarde, lo que pone en riesgo la supervivencia misma de las explotaciones ganaderas que se encuentran con un positivo. Una vez más, mientras las macrogranjas cuentan con recursos para resistir son las pequeñas explotaciones familiares las que se quedan por el camino.

El ministro Planas no ha querido escuchar en ningún momento al sector ganadero. La dirección técnica de este ministerio, que es prácticamente la misma ahora que cuando gobernaba el PP, ha hecho oídos sordos a las demandas que los ganaderos le han hecho llegar. Se ha mantenido una política de apoyo a la agroindustria y al modelo hiperintensivo mientras se abandona la ganadería tradicional y extensiva pese a que su viabilidad es central para hacer frente a la despoblación del medio rural y para una adaptación climática justa

La falta de respuesta por parte del ministerio ha alimentado la sensación de vulnerabilidad y abandono en el sector, lo que ha sido aprovechado por la extrema derecha para echar gasolina al fuego. Vox no ha dudado en manipular a la gente del campo para alimentar su paranoia negacionista a fin de sacar redito electoral del malestar, pero a la hora de la verdad deja tirados a los ganaderos.

La ganadería tiene problemas reales y aspiraciones legítimas, y ante esto lo que debemos hacer las organizaciones políticas es ofrecer soluciones. Desde Podemos llevamos tiempo diciendo que se debe dar la posibilidad de realizar contraanálisis cuando haya un positivo, y proponemos que las indemnizaciones tanto por sacrificio como por inmovilización se agilicen y actualicen. Se debe mejorar la coordinación y la transparencia en la elaboración de los protocolos sanitarios. Los planes sanitarios deben incluir medidas preventivas también sobre la fauna silvestre, ayudando por ejemplo a la separación de abrevaderos que ya sabemos que son un vector de contagio importante.

Pero por encima de todo, son necesarios dos cambios en la forma en que las instituciones afrontan esta cuestión. La primera es que la gestión sanitaria del ganado sea pública, pues la privatización ha constituido un enorme negocio pero la situación del ganado y de los ganaderos no mejora. En segundo lugar, se debe escuchar a las organizaciones agrarias y permitir una mayor participación del sector, junto a consumidores y a otros actores sociales, en el diseño de las políticas de sanidad animal.