La campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas en España ha comenzado con una derecha dispuesta a sacar toda la artillería. En el caso de la disputa por el Ayuntamiento de Barcelona, como era de prever, la apuesta ha sido centrar el debate en la combinación delincuencia-okupación-inseguridad-incivismo. Pero lo que prometía ser un debate más o menos local, ha traspasado todos los límites previos. El momento de paroxismo llegó la misma noche del inicio de la campaña, con una manifestación antiokupa encabezada por el grupo de neonazis Desokupa y retransmitida a toda España como si de una noticia de máxima importancia se tratara.
En las últimas semanas, partidos políticos como el PP, Ciutadans, Valents o Vox, junto a los integrantes del escuadrón empresarial neonazi Desokupa, han estado construyendo, con la inestimable ayuda de los medios de comunicación, un conflicto vecinal inexistente para erosionar la figura de Ada Colau y sacar réditos electorales. Los gritos de “¡Puta Ada Colau!” que se escucharon en Barcelona la noche del 11 de mayo en las calles del acomodado barrio de la Bonanova demuestran no sólo el odio y la misoginia que desata entre la derecha la figura de la alcaldesa sino, sobre todo, la intencionalidad política de una movilización dirigida a desviar el debate de la campaña electoral barcelonesa hacia consignas vacías de cualquier contenido político real.
A pesar de que los desahucios cuadruplican la ocupación de viviendas, los medios han decidido tapar el grave problema del acceso a la vivienda en España con esa cortina de humo. No es casual que lo hagan de manera tan burda en una ciudad liderada por una alcaldesa que viene del activismo en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), movimiento social sin el cual no puede entenderse la lucha de los últimos años contra la especulación inmobiliaria y por el derecho a la vivienda. Cuando algunos gritan “¡Puta Ada Colau!” en realidad están gritando “¡Puta gente que molesta a la ‘gente de bien’!”, retomando esa expresión tan cara a Alberto Núñez Feijóo.
No hace falta ser un neonazi descerebrado y ciego de odio para gritar “¡Puta Ada Colau!”. Existen otras maneras de transmitir el mismo mensaje y, lo que es más peligroso, trasladarlo a los tribunales a través de demandas para evitar que la “puta Ada Colau” y la “puta gente” que quiere que cambie Barcelona tengan las manos atadas para hacer cualquier mínimo cambio al entramado de poder que dejaron décadas de consistorios socialistas y algún paréntesis convergente.


Josep Maria Montaner contextualiza en su último libro, Lawfare urbano, las más de 15 querellas interpuestas contra los miembros del consistorio barcelonés desde el año 2018, 9 de ellas ya archivadas. Esta ofensiva judicial contra Ada Colau y su equipo de gobierno, desplegada por partidos políticos, grupos de ultraderecha parapetados en supuestas asociaciones ciudadanas creadas ad hoc o, incluso, por empresas inmobiliarias, la patronal Unauto-VTC y grandes multinacionales como Agbar, ha tratado de paralizar en los tribunales políticas públicas que deberían ser, en todo caso, confrontadas en la esfera electoral con otros proyectos políticos. Sin embargo, el capital, de manera directa o interpuesta, un poder que no se presenta a elecciones pero que tiene más poder real que muchos representantes públicos, ha decidido usar la vía penal para oponerse a las decisiones políticas que afectan a sus intereses. Decisiones políticas de un poder gobernante que, conviene no olvidarlo, está legitimado por los votos del soberano, a diferencia del poder económico.

La historia siempre ayuda a alumbrar los procesos. En las primeras décadas del siglo XX, el capitalismo creó en Italia a los fasci di combattimento, grupos paramilitares que, entre otras acciones, atacaban a los trabajadores que luchaban en las fábricas. El surgimiento del fascismo como movimiento antagonista a las luchas emancipadoras de la clase obrera debería ser recordado siempre para entender que, salvando las distancias históricas y políticas, lo que pretende hacer el capital hoy no es muy distinto, aunque la izquierda actual no sea la del periodo de entreguerras ni el poder organizado de la clase obrera tampoco. A pesar de las evidentes diferencias, la lucha de clases permanece y el capital sabe bien cómo identificar y neutralizar al enemigo político en cada contexto, sea en las fábricas o en las instituciones.

La asunción de los temas establecidos por la ultraderecha (delincuencia-okupación-inseguridad-incivismo) como marco para el debate electoral de las fuerzas políticas barcelonesas en esta campaña, incluso por parte de algunas progresistas, ha permitido a los defensores del capital normalizar la entrada en escena de sus matones a sueldo. La activación y legitimación desde los medios hegemónicos de grupos de neonazis que buscan la confrontación física, amén de verbal, con la plural izquierda antifascista barcelonesa, demuestran que muchas cosas pueden cambiar en la sociedad, pero poco en las mentes de aquellos que sigue considerando que sus privilegios, sean de cuna o adquiridos, deben quedar al margen de las decisiones electorales de las mayorías. Es la “gente de bien” que no tiene escrúpulo a la hora de usar al poder judicial, o a mamporreros lumpen, para poner fin a esa Barcelona que ha abierto camino con la “puta Ada Colau”.