Es curioso lo descarados que son algunos medios a la hora de dar una noticia cuando de puertas para afuera no interesa que en algunos sitios salten las alarmas. Como hace poco menos de un mes, cuando se anunció la sentencia del TJUE en la que Luxemburgo rechazó la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis, algunos pudimos observar asombrados titulares como "Duro mazazo al taxi", "Varapalo al taxi" o "Golpe al taxi".

Semanas después, tras del anuncio por parte del gobierno de un decreto ley que entre otras cuestiones, reconoce al taxi como servicio público de interés general y habilita a las administraciones locales y autonómicas a limitar la adjudicación de autorizaciones VTC, resulta que los titulares han cambiado a "Golpe a las VTC", "Varapalo del gobierno a Uber y Cabify" o por supuesto, mi favorito, "El gobierno blinda al taxi".

Es más, después de esta sentencia que según algún medio era tan favorable a las VTC, sus mismas patronales han "amenazado" con acudir a Bruselas para pedir "que abran un procedimiento contra el gobierno de España".

Pero entonces, ¿La sentencia del TJUE no era tan favorable a las VTC? ¿No se había dado un golpe al taxi? ¿Hay algo que se nos ha escapado?

Pues sí, porque no sé si de manera premeditada o por pura ignorancia, a todos esos titulares que lanzaban las campanas al vuelo a favor de las VTC, se les "olvidó" mencionar que el mismo TJUE mientras que por una parte rechaza el 1/30 por otra permite que se apliquen limitaciones a los VTC por protección del medio ambiente, gestión de tráfico y del espacio público, entre otras cuestiones.

Y posiblemente se les "olvidó" porque el objetivo de empresas como Cabify para tumbar el 1/30 es poner en funcionamiento más de 100.000 vehículos VTC que tienen parados por la justicia en Madrid y los otros 20.000 en Barcelona (más las que ya están operando que desde hace años que rebasaron el 1/30). Un atentado contra toda lógica y contra nuestras ciudades teniendo en cuenta que estos 120.000 vehículos repartidos entre dos ciudades son más del doble de todos los taxis que hay en España. Con esos números parece que estas empresas pretenden que circulen vehículos VTC hasta por las aceras.

Normal que hayan entrado en pánico. Pero bueno al final quien tiene que pulsar el botón por mucho que los datos den la razón al taxi, son las administraciones. Y el gobierno, en mi opinión, solo ha tenido que empujarla cuando Podemos se la puso al pie presionando con el Decreto Ábalos.

Uber, Cabify y la patronal de las VTC, Unauto ya pescaron en el PP un diputado, un senador y un presidente de Nuevas Generaciones por lo que si hay que justificar meter cientos de miles de vehículos VTC en Madrid. Me veo a Almeida y a Ayuso poniendo los medidores de contaminación en La Pedriza y diciendo que son los niveles de la Gran Vía.

En breve sentaremos en el banquillo de los acusados a los responsables de varias empresas de vehículos VTC a los que hemos denunciado por estafa y fraude documental (algunas adjudicatarias por parte de Ayuso de contratos de públicos) entre otros procesos y sobre el decreto también hay mucha tela que cortar aparte de estas cuestiones.

La diferencia entre un servicio público y una actividad económica determina el futuro de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos y lo vamos a defender con uñas y dientes.