El Gobierno de extrema derecha italiano ha tomado recientemente la decisión de eliminar la llamada “renta de ciudadanía” a cientos de miles de personas. La Renta de ciudadanía es una prestación similar a nuestro Ingreso Mínimo Vital, destinada a garantizar unos ingresos mínimos a personas y familias en situación de máxima vulnerabilidad. Así, desde el pasado 31 de Julio, 169.000 italianos e italianas que hasta ahora se habían beneficiado de este complemento de entre 200 y 780 euros, dejarán de recibir dicha paga mensual, que percibieron por última vez el último día laboral de julio. Meloni la había calificado como “metadona del estado” y ya en campaña había anunciado su eliminación. Los afectados y afectadas se concentran principalmente en el sur del país, donde esta semana muchos de ellos y de ellas salieron a protestar ante lo que consideran una decisión injusta y cruel.

El 1 de agosto, el diario italiano La Repubblica publicaba un artículo en el que explicaba el papel decisivo que han tenido tanto la patronal de la hostelería, como la patronal del campo, para que finalmente el Gobierno de Meloni haya tomado dicha decisión. La nota empieza su redactado relatando una imagen que podríamos considerar casi de carácter costumbrista: “Decimos las cosas a la cara: estamos en contra de este veneno de la renta de la ciudadanía”. Potenza, 22 de septiembre, cierre de la campaña electoral del futuro ministro de Agricultura Francesco Lollobrigida. En el escenario, detrás de los símbolos de Fratelli d'Italia, el presidente de Coldiretti, la patronal del campo, Ettore Prandini, asiente varias veces. Y hoy puede decirse satisfecho, después de que el gobierno dirigido por Giorgia Meloni haya cumplido su promesa.

La imagen: un futuro ministro de un gobierno de extrema derecha respaldado públicamente por el responsable de una patronal, que asiente y agradece cuando el primero anuncia que va a impulsar una medida que va directamente a favor de sus intereses de clase como patrón. La extrema derecha como perro de presa de los intereses de la patronal, especialmente en aquellos sectores donde, ante una falta de ingresos mínimos garantizados y una regulación protectora, más habituales son las condiciones de explotación de la clase trabajadora.

No es casualidad, pues, que hayan sido precisamente las patronales de la hostelería y del campo, con el respaldo del conjunto de la patronal, las que más han apretado para que esta medida que afecta tan directamente a sus intereses de clase, haya sido finalmente aprobada. La posibilidad de tener acceso a mano de obra barata a la que poder explotar e imponer unas condiciones de miseria, se multiplica una vez que los ingresos mínimos garantizados desaparecen. No hay que tener un doctorado en relaciones laborales para entenderlo.

Seguro, por otro lado, que el debate y el discurso no le es ajeno a las personas que viven en el estado español respecto del intento de calificar como “paguita” el Ingreso Mínimo Vital que la extrema derecha de Vox ha hecho aquí desde el primer día de su aprobación. Se llama guerra cultural. Y aunque parezca que va dirigida exclusivamente a criminalizar y humillar socialmente a las personas que reciben estas ayudas sociales, en realidad es un discurso de clase para intervenir en el marco de las relaciones laborales en favor de los intereses de la patronal. Como decían en aquella famosa película de mafiosos: “no es nada personal, son negocios”.

Estas patronales de la explotación pierden buena parte de su capacidad de imponer a la clase trabajadora condiciones de miseria, una vez que existe algo como un Ingreso Mínimo Vital que garantiza una mínima cobertura económica para las personas en situaciones de vulnerabilidad. Ni digamos ya si lo que existiera fuese una verdadera renta garantizada, realmente digna y universal. Evidentemente, si alguien recibe un ingreso garantizado de 600 euros, no va a aceptar que el empresario explotador de turno, saltándose toda la legalidad laboral e incumpliendo cualquier convenio, le imponga un salario similar por trabajar 8 ó 10 horas, 5 ó 6 días a la semana, en la hostelería o en el campo, “y es que si no quieres tengo a 200 como tú esperando”. “Que trabaje tu primo por ese dinero”, le dirá. Y eso, la verdad, está genial que podamos decirlo tal que así cualquier trabajador o trabajadora. Eso refuerza e impulsa no solo la dignidad de la persona en cuestión, sino la capacidad negociadora de todos y todas, y una mejora progresiva de las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora.

Y es que en territorios donde sectores como la hostelería y el campo tienen una importante presencia en su actividad económica, y donde además existen alto índices históricos de desempleo, como el es el caso de Andalucía, sabemos perfectamente que sin medidas de este tipo, y aprovechando la situación de necesidad en la que viven muchas personas, incluso existiendo una regulación laboral protectora, es la mano de hierro del patrón y de la explotación la que se acaba imponiendo habitualmente en eso que llaman “el mercado”. Cualquier trabajador o trabajadora de la hostelería o del campo en provincias como Granada, Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Málaga, Cádiz, se lo podrá explicar en propia carne.

Estas prácticas explotadoras, pues, no surgen de la nada, necesitan para ello de sociedades sin regulaciones laborales fuertes y sin ingresos mínimos garantizados, para que así los patrones puedan seguir explotando, tirando los salarios a la baja e imponiendo plenamente su poder en las relaciones laborales de contratación. Por el contrario, a más ingresos garantizados y más derechos, menos margen para la explotación y mejores condiciones de negociación de la clase trabajadora en su conjunto, lo que supone igualmente mejores salarios. Es por ello que desde el primer día la derecha y la extrema derecha, que siempre operan al servicio de los intereses de los ricos y de los señoritos, han tratado de criminalizar socialmente el IMV. Conciencia de clase (rica) ya sabemos que no les falta y nunca se equivocan de bando en sus decisiones.

Recuérdalo así para cuando desde ciertos medios al servicio del capital, y en los propios discursos del partido, te vuelvan a querer vender el cuento de que Vox es una organización “antisistema” que se preocupa de los trabajadores/as ante el supuesto abandono de los mismos por parte de la izquierda. Guerra cultural para que la gente apoye a quiénes le van a joder la vida. Recuérdalo también para cuando alguien diga aquello otro tan extendido, incluso entre los sectores rojipardos, de que son los trabajadores/as migrantes quienes suponen problema alguno para lo salarios y las condiciones laborales en el mercado laboral.

El fascismo siempre es el perro de presa de la patronal y el capital. Eliminar el Ingreso Mínimo Vital es uno de sus objetivos. Y lo es porque así defienden los intereses de sus amos.