El próximo 17 de agosto se constituye el nuevo Parlamento y tiene lugar una de las votaciones más importantes de toda la legislatura: los 350 nuevos diputados y diputadas eligen —en votación secreta con papeletas— a los nueve integrantes del órgano de gobierno de la sede de la soberanía popular: la Mesa del Congreso. En particular y en la primera de las votaciones, eligen a la tercera autoridad del Estado después del Jefe del Estado y el Presidente del Gobierno: la Presidencia del Congreso. La persona que ostenta la Presidencia no solamente representa al poder legislativo en cualquier foro nacional e internacional. Además, acumula toda una serie de competencias que son cruciales para el desarrollo de la actividad parlamentaria: convoca las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces, define sus órdenes del día, propone a las mismas todas las decisiones importantes que se deben tomar (el presupuesto de la cámara, la ordenación de los plenos, etc.), tiene la última palabra en materia disciplinaria, preside —entre otras— la Comisión de Gastos Reservados (también llamada de Secretos Oficiales) y —muy importante— modera el debate en el pleno, dando o quitando la palabra a los diferentes diputados, llamando al orden o incluso expulsando a los mismos en caso de faltas reiteradas. Por si todo esto fuera poco, hablamos de un cargo que es "vitalicio" durante toda la legislatura, puesto que no existe la posibilidad de convocar una moción de censura sobre la Presidencia y la única manera de cambiarla antes de que finalice su mandato natural de cuatro años es mediante dimisión voluntaria o incapacitación por causa de fuerza mayor. Solamente por la importancia constitucional que tiene la Presidencia y su enorme influencia en la actividad del único poder del Estado elegido por sufragio directo, elegir qué persona la ocupa ya constituye una decisión de la máxima trascendencia. Pero si, además, tenemos en cuenta que esta primera decisión de la legislatura puede anticipar y dar forma a la mayoría parlamentaria que deberá —o no— producir la investidura de un Presidente del Gobierno, evitar la repetición electoral y dar estabilidad a la gobernabilidad del país —idealmente— durante los próximos cuatro años, entonces, el calibre político de lo que se va a votar en el hemiciclo el día 17 de agosto adquiere una dimensión que haríamos muy mal en infravalorar.

Por ello, la pregunta es obligada. ¿Debe Meritxell Batet —que ha ostentado este cargo durante la XIV Legislatura que llega a su fin— repetir como Presidenta del Congreso?

Para poder articular una respuesta racional a esta pregunta, primero hay que desmontar un concepto tan habitual como erróneo respecto de la Presidencia. Escucharás decir muchas veces que la persona que preside el Congreso de los Diputados es una especie de institución apartidista y neutral, carente de orientación ideológica y que no puede intervenir políticamente de ningún modo. Sin embargo, esto no deja de ser un postureo de palacio de muy poca altura intelectual si uno se fija en el método de elección de dicha autoridad. Para nombrar a la Presidencia del Congreso no es necesario recabar una mayoría cualificada de 2/3 o de 3/5 que requiera de consensos amplios a izquierda y derecha. Ni siquiera hace falta una mayoría absoluta de la cámara (176 escaños). Basta con que la persona llamada a desempeñar esa función sea la más votada en una segunda votación. Es decir, la Presidencia se elige por mayoría simple o, en otras palabras, por la mitad (175) o menos de los votos. Meritxell Batet, por ejemplo, fue elegida Presidenta del Congreso el día 3 de diciembre de 2019 con apenas 166 apoyos (los de PSOE, Unidas Podemos, Más País, PNV, Partido Regionalista de Cantabria y Coalición Canaria-Nueva Canarias). Es evidente, en estas circunstancias, que un cargo elegido por menos de la mitad del Parlamento y por una mayoría muy concreta está recibiendo un mandato político que debería orientar su desempeño. Si quieres, por reductio ad absurdum, es completamente evidente que, si Meritxell Batet se hubiera postulado para la Presidencia con la intención explícita de tomar decisiones que favorecieran a VOX, los partidos que la hicieron Presidenta jamás la habrían votado y nunca habría sido elegida. Los reyes magos son los padres y el supuesto carácter neutro de la Presidencia del Congreso es uno de los muchos cuentos para niños que nos ha dejado "la cultura de la Transición". La persona que preside las sesiones de la sede de la soberanía popular se sienta en ese sillón porque ha recibido un mandato político muy concreto de los diputados y diputadas que la han votado. ¿O alguien se atreve a afirmar que da lo mismo tener una Presidenta del PSC que una de VOX? Es obvio que Meritxell Batet fue elegida en 2019 con un mandato político progresista y una de las claves para contestar a la pregunta de si debe ser reelegida presidenta el 17 de agosto —o no— es analizar si hizo honor a ese mandato o lo traicionó.

Para ello, examinemos algunas de las decisiones que tomó durante estos casi cuatro años y que son públicas y notorias.

En primer lugar, algo que me afecta en primera persona (aunque tiene una dimensión que va mucho más allá de mí). En la XIV Legislatura, por primera vez en España —y posiblemente en la mayoría de países desarrollados (yo, al menos, nunca he visto tal cosa en otro país en los medios de comunicación)—, el portavoz parlamentario de uno de los grupos principales de la cámara tenía una discapacidad de casi el 90% y se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica. Desde 2019, el propio portavoz y también las organizaciones más grandes del sector, reclamaron al Congreso que llevase a cabo las obras pertinentes para hacer accesible tanto el escaño como la tribuna de oradores y así enviar un claro mensaje a la sociedad sobre el derecho a la participación política de las personas con discapacidad en condiciones de no discriminación. Sin embargo, Meritxell Batet renunció a tomar la correspondiente decisión política, se escudó en la burocracia y los informes sobre el patrimonio histórico —es decir, los derechos de una mesa de madera antes que los de una persona con discapacidad— y dejó pasar la oportunidad más obvia que nunca ha tenido el Congreso para actualizarse al siglo XXI en términos de inclusión.

También fue muy sonado lo que ocurrió con el escaño del diputado canario de Unidas Podemos. Condenado por el Tribunal Supremo por supuestamente agredir a la policía sin que hubiese absolutamente ninguna prueba incriminatoria, víctima de uno de los ataques de lawfare más claros de los últimos años —junto a los procedimientos judiciales fake contra Pablo Iglesias, Victoria Rosell, Isa Serra, Juanma del Olmo o yo mismo—, el Presidente del alto tribunal, el señor Manuel Marchena, decidió que, además, le iba a quitar el acta de diputado aunque eso fuera completamente ilegal. Para ello, y aunque en ningún lugar de la sentencia se condenaba a Alberto Rodríguez a perder el acta, Marchena entabló una serie de comunicaciones con Meritxell Batet en la que ambos evitaron prevaricar por escrito pero en las que quedaba, sin embargo, todo muy claro. Entre los "dígame usted exactamente lo que tengo que hacer" de la Presidenta y los "usted ya sabe lo que tiene que hacer" de Marchena, se perpetró uno de los ataques judiciales más brutales contra la soberanía popular desde la recuperación de la democracia. En ese trance, Meritxell Batet, en lugar de cumplir con la principal función que se le encomienda a una Presidenta del Congreso —la de defender la integridad del Parlamento— decidió participar de una de las operaciones proto-golpistas más infames de la legislatura.

Si su complicidad para subvertir la voluntad democrática de los electores canarios tuvo muy poco de progresista, su ejecutoria a la hora de moderar los debates en el pleno no se le queda a la zaga. En una época en la que mucha gente se pregunta qué se puede hacer para frenar el discurso de odio de la extrema derecha, Meritxell Batet renunció completamente a poner límites a esa ponzoña que envenena la sociedad, permitiendo a los diputados y diputadas de VOX verter todo tipo de infamias desde la tribuna del Congreso —desde uno de los altavoces que otorgan, además, una mayor legitimidad— sin llamarlos prácticamente nunca al orden y no digamos ya sancionarlos o expulsarlos. Cada vez que hayas escuchado a un diputado fascista insultar a los demás, negar el cambio climático, negar la violencia machista, difundir odio contra las personas migrantes, contra las feministas, contra las personas LGTBI, cada vez que hayas presenciado eso durante esta legislatura, es porque Meritxell Batet no los mandó callar. Y, si piensas que a lo mejor lo hizo para aplicar una idea magnánima y libérrima sobre el derecho a la libertad de expresión, recuerda que reprendió duramente a la Ministra de Igualdad Irene Montero por hablar desde su escaño de la "cultura de la violación", un término utilizado y refrendado por la ONU. Si Ana Rosa Quintana o Pablo Motos han blanqueado a los fascistas abriéndoles las ventanas mediáticas, Meritxell Batet ha formado parte de la misma operación regalándoles el uso y disfrute sin límites nada menos que de la tribuna del Congreso.

Si no has seguido de cerca los debates en el pleno, quizás piensas que estoy exagerando y es una interpretación mía. Déjame, entonces, que te recuerde dos hechos completamente objetivos a este respecto. En primer lugar, la negativa por parte de los 52 diputados de VOX —en completo desacato del Reglamento del Congreso— a rellenar la declaración de intereses económicos que todos los diputados estábamos obligados a rellenar. En segundo lugar, el saboteo —mediante altavoces ocultos en una butaca— de un evento organizado por un grupo parlamentario (el de Unidas Podemos), perpetrado por dos diputados de VOX. Algo que nunca antes había ocurrido en la historia del Parlamento. ¿Sabes qué acciones tomó en clave disciplinaria Meritxell Batet ante estos dos hechos? Has acertado: absolutamente ninguna. Por no mencionar su negativa a retirar la acreditación de periodista parlamentario al ultraderechista Javier Negre, que se dedicó toda la legislatura a reventar las ruedas de prensa de después de la Junta de Portavoces con interrupciones agresivas y con bulos y llegó a llamar "hija de puta" a la portavoz del grupo parlamentario de Euskalerria Bildu. La impunidad de los fascistas en esta legislatura ha sido total y la principal responsable de no haber hecho nada para pararlos tiene nombre y apellidos.

También votaba junto a VOX —y junto al PP— Meritxell Batet cada vez que había que decidir si se tomaba alguna acción parlamentaria que pudiese afectar a la monarquía. En particular, votó en contra en 15 ocasiones de abrir comisiones de investigación para analizar —con total transparencia y en la sede de la soberanía popular— las actividades corruptas de Juan Carlos I. Ni una, ni cinco, ni diez veces: quince. Es verdad que, en su descargo, tenemos que reconocer que no era solamente ella la que votaba a favor de mantener la omertà sobre el emérito y sobre la monarquía sino que hacían lo propio todos los miembros de la Mesa del PSOE. Al mismo tiempo, hay que desmentir que, como ella misma ha dicho públicamente, se trate de un asunto "técnico-juridico". Es verdad que los letrados del Congreso sistemáticamente aportaban informes —algunos de ellos, bastante endebles— tachando de inconstitucionales todas aquellas iniciativas, pero también es cierto que, primero, todo el mundo sabe que la Presidenta está encima de la elaboración de los informes más importantes de los letrados y, segundo, los informes de los letrados no son vinculantes. Como es natural, la Mesa, con la Presidenta a la cabeza, no puede constituirse en una suerte de Tribunal Constitucional a priori y, por lo tanto, puede tomar una decisión política en contra de la opinión jurídica de los letrados. Pero Meritxell Batet nunca quiso ni siquiera contemplar esa posibilidad. Es más, cuando Unidas Podemos pidió que se retirasen de los pasillos del Congreso las pinturas y bustos de Juan Carlos I por tratarse de un delincuente confeso —retirada que, obviamente, habría sido perfectamente constitucional—, Meritxell Batet reconoció que esa decisión era potestad exclusiva de la Presidenta y se negó a hacerlo. Si los fascistas podían estar tranquilos con ella al frente del Parlamento, los que usan la monarquía para robar también.

Podría seguir toda la tarde completando la lista —créeme que, como portavoz, he visto muchas cosas—, pero pienso que con esto ya debería quedar bastante claro que sería una temeridad que el PSOE pretenda que los diputados y las diputadas de la mayoría plurinacional vuelvan a votar a Meritxell Batet este 17 de agosto.

De hecho, y teniendo en cuenta las evidentes dificultades que se van a encontrar para poder armar la mayoría parlamentaria plurinacional que permita evitar la repetición electoral y consiga reeditar el gobierno de coalición, teniendo en cuenta, además, que incluso consiguiendo ese primer hito la estabilidad de la legislatura no va a ser cosa fácil, después de preguntarnos si Meritxell Batet debe repetir como Presidenta —y contestarnos que obviamente no—, tenemos la obligación de hacernos una segunda pregunta (al menos los que queremos que la legislatura arranque y dure más de un año): ¿Por qué la Presidencia tiene que ser para el PSOE? ¿Por qué no aprovechar la oportunidad que ofrece la votación del próximo 17 de agosto para empezar a consolidar la mayoría parlamentaria plurinacional que es la única vía política posible para reeditar el gobierno y darle estabilidad, eligiendo para la Presidencia del Congreso a una persona de otro partido y que reúna el consenso de las diferentes fuerzas que conforman esa mayoría? Con la endiablada aritmética parlamentaria que han arrojado las elecciones del pasado 23 de julio, no sería ni inteligente ni responsable negarse a valorar dicha opción.