El Consejo General del Poder Judicial —abreviado CGPJ— es nada menos que el órgano de gobierno de uno de los tres poderes políticos de nuestro estado constitucional. Entre sus competencias, la de nombrar al Presidente del Tribunal Supremo (que también es el Presidente del CGPJ), a todos los magistrados y Presidentes de Sala de dicho alto tribunal, al Presidente de la Audiencia Nacional y a los de cada una de sus Salas, a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de todas las comunidades autónomas y a los de cada una de sus Salas y a los presidentes de las Audiencias Provinciales de las 50 provincias. Vamos, que prácticamente cualquier juicio que vaya más allá de la primera instancia estará en manos de un juez nombrado por el CGPJ o al menos en un juzgado presidido por él. Además de este enorme poder que implica el nombramiento de todos los puestos importantes de la judicatura del país, el CGPJ también tiene otras competencias importantes como la formación y el perfeccionamiento, la provisión de destinos y ascensos o el régimen disciplinario (aunque esta última competencia se ejerce —según parece— cuando hay un alineamiento planetario o cuando un juez se ha comido a un bebé crudo y hay pruebas en vídeo).

De acuerdo con la legislación vigente, los 20 vocales del poderoso CGPJ se eligen por las Cortes Generales (Congreso y Senado) y, por ello, es inevitable que su composición refleje de algún modo las mayorías políticas existentes en el momento de la elección. Por ejemplo, los vocales que aún no han causado baja en el CGPJ actualmente existente —quedan 16 de 21 (20 vocales más el Presidente— fueron elegidos el día 3 de diciembre de 2013; hace casi 10 años. En ese momento, gobernaba M. Rajoy en España, el PP tenía una mayoría absoluta de 186 diputados en el Congreso y una mayoría absoluta todavía más amplia (en proporción) en el Senado. Como consecuencia, el CGPJ constituido el 3 de diciembre de 2013 nació con una clara mayoría de vocales designados por el PP.

Hasta aquí, todo dentro de los parámetros mínimamente exigibles a una democracia moderna. El problema es que los vocales del CGPJ tienen un mandato de cinco años según el artículo 122.3 de la Constitución Española, el problema es que esos cinco años se han cumplido hace ya mucho tiempo y los vocales elegidos el 3 de diciembre de 2013 con mayoría absolutísima del PP siguen ahí. ¿Y eso cómo puede ser? La respuesta corta es que el PP es un partido golpista que solamente respeta la democracia si ganan ellos. La respuesta larga es que, cuando se cumplieron los cinco años de mandato, el 3 de diciembre de 2018, ya habíamos conseguido echar al corrupto M. Rajoy de la Moncloa, Pedro Sánchez era Presidente del Gobierno después de la moción de censura y el PP se encontraba muy lejos de la mayoría absoluta; de hecho, existía una mayoría absoluta de diputados y diputadas de los partidos progresistas y plurinacionales, como el propio éxito de la moción de censura demostró aritméticamente. Sin embargo, y de nuevo según la legislación vigente, no basta con una mayoría absoluta para nombrar a los 20 vocales del CGPJ; hacen falta 3/5 de los escaños en ambas cámaras. Esto significa que, si la derecha tiene más de 2/5 de los escaños, aunque represente una minoría en términos democráticos, puede bloquear la renovación del CGJP —recordemos: uno de los principales poderes del Estado— todo el tiempo que le dé la gana. Y eso es justo lo que ha hecho de forma sediciosa el PP durante los últimos 1713 días (más de cuatro años y medio). ¿Y por qué ha desarrollado el PP este golpismo judicial, además de porque puede? El motivo también es conocido y es doble. El PP necesita controlar el CGPJ, por un lado, para poder colocar jueces afines en todos los tribunales que van a juzgar a sus corruptos (y estamos hablando de muchos corruptos y muchos tribunales). Pero, por otro lado, al PP también le viene bien tener jueces colocados en los diferentes tribunales para llevar a cabo acciones de lawfare; es decir, de acoso mediático y judicial sin pruebas contra sus adversarios políticos. ¡Que nos lo digan a la gente de Podemos con nuestras decenas de procedimientos abiertos que han ocupado miles de horas de tertulias televisivas difamatorias para luego ser archivados en el más absoluto de los silencios mediáticos!

Vale. El PP es un partido golpista. Después de conocer la financiación ilegal de sus campañas electorales o la utilización de las cloacas del Ministerio del Interior para fabricar basura falsa contra sus adversarios políticos y destruir pruebas de sus propias tramas de corrupción, esto es un hecho bien conocido y el secuestro sedicioso del CGPJ sólo viene a confirmarlo. Pero, ¿y el PSOE?... a todo esto... ¿el PSOE qué ha hecho? La respuesta corta es que el PSOE —con Pedro Sánchez a la cabeza— se ha dedicado a pagarle las Fantas al PP durante cuatro años y medio. La respuesta larga es que, en una sonrojante exhibición de debilidad, el PSOE ha renunciado durante más de 1700 días a dar un golpe en la mesa para hacer cumplir la Constitución. Desde la derecha política y mediática, se ha desplegado con profusión un argumentario especialmente diseñado para imbéciles: hablando de la "independencia de los jueces" mientras ellos nombran a hooligans con el logotipo del PP tatuado en la frente como Arnaldo o Espejel —para el Tribunal Constitucional, en 2021— a la primera oportunidad que tienen, diciendo que "los jueces tienen que elegir a los jueces" como si eso no violentara —a patadas— el principio democrático, como si eso no fuera equivalente a pedir que la investidura del Presidente del Gobierno no se produjera mediante el voto de los representantes de la soberanía popular en el Congreso sino que lo eligieran los funcionarios de la Administración General del Estado, o apelando al comodín clásico para justificar cualquier maniobra derechista: "Europa no nos deja". Desde el PSOE, en vez de confrontar con decisión estas estupideces, como les ocurre ¡ay! demasiadas veces ante los marcos y el bombardeo mediático de la derecha, no han parado de temblarles las piernas y se han dedicado a "tenderle la mano" primero a un tipo que llamaba "felón" a Pedro Sánchez y después a otro que hizo campaña para "derogar el sanchismo". Mientras tanto, en la planta alta de Génova 13 poniéndose tibios de Fantas —seguro con algún "condimento"— y pasándole la factura a Ferraz.

Es legítimo que nos haga gracia el asunto (porque el patetismo siempre tiene un punto gracioso), pero la cosa es en realidad muy seria. Que uno de los dos partidos dinásticos del sistema del 78 se dedique a hacer golpismo mediante el secuestro sedicioso de uno de los tres poderes políticos del Estado es muy grave. Pero que el otro partido dinástico del sistema del turno no haga absolutamente nada por evitarlo durante cuatro años y medio y una legislatura completa supone de facto recompensar el comportamiento golpista —permitiendo que se salga con la suya— y situar, así, un perverso esquema de incentivos que puede encaminar al conjunto del sistema democrático hacia su destrucción.

Porque claro que el PSOE podría haber hecho algo. Desde el principio. Desde diciembre de 2018, cuando caducó el mandato del CGPJ, hasta el día de hoy, el PSOE siempre ha tenido en su mano arrebatarle de forma democrática al PP su minoría sediciosa de bloqueo... y desde Podemos no hemos parado de reclamárselo (sin éxito). La operativa es muy sencilla. De los 20 vocales que hay que elegir para conformar el CGPJ, el artículo 122.3 de la Constitución establece que 12 deberán ser "Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales" (lo que se suele llamar el "turno judicial"), mientras que los restantes 8 podrán ser "abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión" (lo que se suele llamar el "turno de juristas"). Sobre la elección de estos últimos, el artículo 122.3 establece que la mitad serán elegidos en el Congreso, la otra mitad en el Senado y en ambos casos por una mayoría de 3/5. Sin embargo, sobre la elección de los 12 vocales del turno judicial, la Constitución Española no establece ningún límite más allá de que ésta se llevará a cabo "en los términos que establezca la ley orgánica". Es decir, lo deja enteramente a la voluntad del legislador. De hecho, se ha cambiado varias veces el método de elección de los 12 vocales del turno judicial en las últimas décadas y estos cambios han sido validados por el Tribunal Constitucional. Con estos antecedentes, no hay que ser Albert Einstein para encontrar una vía de desbloqueo. Basta que una mayoría parlamentaria apruebe en el Congreso una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que cambie las mayorías necesarias para elegir a los 12 vocales del turno judicial de 3/5 a mayoría absoluta con la concurrencia de la mitad de los grupos parlamentarios de la cámara (cláusula pensada, esta última, para garantizar la pluralidad ideológica del CGPJ resultante y evitar que un solo partido —o dos— pudiera designar a todos los vocales). Además, sería pertinente pasar de un sistema en el que la mitad de los 12 vocales del turno judicial se eligen en el Congreso y la otra mitad se eligen en el Senado a un sistema en el que los 12 se elijan en el Congreso. Primero, porque esta exclusividad del Congreso es lo habitual en el nombramiento de numerosos cargos y órganos (presidente de RTVE, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, presidente y consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear, presidente de la AIRef, miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ...) y, segundo, porque dejar ahora el nombramiento de la mitad de los 12 vocales del turno judicial a la mayoría absoluta que ahora ostenta el PP en el Senado supondría no solamente encargar un convoy de trailers llenos de palets de Fantas con destino a Génova 13 y pagados por Pedro Sánchez, sino además convalidar y recompensar la estrategia golpista de bloquear los órganos constitucionales durante años hasta que te vaya bien en las elecciones.

Cuatro años y medio después de que haya caducado el mandato de los vocales del CGPJ nombrados por la mayoría absolutísima de M. Rajoy en 2013, el PSOE anda filtrando a los medios de comunicación que —ahora sí, ¡a buenas horas!— pretende rescatar la norma para pasar de 3/5 a mayoría absoluta que llegó a firmar con Podemos en 2020 y que Pedro Sánchez retiró asustado ante los marcos mediáticos de la derecha. Espero, de todo corazón y por el bien de la democracia, que en el PSOE tengan claro que los 12 vocales del turno judicial deben ser elegidos en el Congreso y no estén pensando en recuperar la norma tal cual estaba escrita. Regalarle al PP los 6 vocales del Senado —y, por tanto, la mayoría en el nuevo CGPJ— después de casi cinco años de bloqueo sedicioso lanzaría un mensaje peligrosísimo: que el golpismo tiene premio.