Hace unos días escuchaba a un hombre discutiendo con convencimiento a favor de la gestación subrogada. Y, más allá de argumentar a favor de los vientres de alquiler, lo hacía en contra del resto de mujeres de la mesa que defendían la necesidad de acabar con la explotación reproductiva. Él espetaba argumentos manidos como que “esas mujeres tienen capacidad de decidir”, “también puede haber intereses altruistas” y que “no hay diferencia entre donar un óvulo y donar tu útero”. Usaba además la falacia de falsa equivalencia con el razonamiento de que, si todo esto supone un abuso del cuerpo de las mujeres, entonces los hombres que donan esperma también son víctimas. En fin, que todo esto es más viejo que sol.

Lo que no es tan viejo es esta nueva conciencia y consciencia de lo que la explotación reproductiva supone. Lo cierto es que el tema derivó del demencial caso de Ana Obregón, pero podemos encontrar decenas de ejemplos en la actualidad que ponen la moralidad y legalidad de estas prácticas sobre la mesa. Un par de ellos son las declaraciones de Khloe Kardashian sobre su culpabilidad por no conseguir “conectar” con su bebé nacido por gestación subrogada o el nacimiento de una criatura dada a luz a través de este método por primera vez en una Casa Real (la danesa).

Parece que, poco a poco, la sociedad va interiorizando aquello que las feministas parecemos tener ya muy claro: la descendencia es un deseo, no un derecho, y no debe pasar por encima de la integridad de ningún otro ser humano. Además, hay un componente aterrador en todo esto que es el de deshumanizar a las mujeres gestantes y todo lo que esto implica: es una cuestión de género, de clase, económica y racial. Todas recordamos con horror a esa señora que dijo el año pasado en Tele 5: “No, la madre no. Es la gestante, la madre soy yo.”

Pero volvemos a mirar la actualidad y leemos una noticia que nos choca: la líder del partido ultra Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, “pretende convertir el alquiler de vientres en un delito universal”. Vamos, que no solo quiere que esta práctica esté prohibida en Italia (donde lleva siendo un delito desde 2004, castigado con penas de cárcel), sino que perseguirá también a quienes pretendan recurrir a ella fuera del país por considerarla “lesiva para la dignidad de las mujeres y los derechos de los niños”. Boom.

La reacción de muchas se puede resumir en un tuit que leí que decía algo así como: “¿Pero cómo es posible? ¿Resulta ahora que estoy de acuerdo con las políticas de Meloni?”. Porque, a ver… ¿es compatible legislar con ciertas medidas progresistas siendo neofascista? ¿Puede querer defender el cuerpo de otras mujeres alguien que ha pedido ser denominada como Primer ministro en lugar de Primera Ministra? Una persona que ha reformado ideológicamente la RAI, decretado el estado de emergencia migratorio, aprobado una ley que prohíbe a las parejas homosexuales inscribir a su descendencia en el registro e impedir la patria potestad de los homosexuales? Oh, espera.

Como ocurre con la prostitución, la maternidad subrogada supone uno de los debate más complejos que existen. Dependiendo del territorio, su defensa o condena está monopolizada por discursos totalmente opuestos… y también ideologías opuestas. En el caso de España, han sido las leyes progresistas las que en los últimos años han tratado de regular los vientres de alquiler, pero en Italia son Los Hermanos de Italia quienes ponen en marcha el proyecto de ley para criminalizarlos. ¿Por qué en algunos países es una medida progresista y en otros todo lo contrario? Porque el eje de la cuestión es la libertad.

Georgia Meloni no acepta la subrogada como un tipo de maternidad porque va en contra de su defensa de la familia tradicional. La líder del partido de oposición, Elly Schlein, se ha mostrado a favor. El grafiti aparecido en Milán muestra perfectamente lo que ocurre.

Lo curioso es que, pese a que los datos en los últimos años muestran que en Italia, de los varios centenares de parejas que recurren al año a la gestación subrogada, el 90% son heterosexuales (en España, el 85%), esta es un arma muy potente contra las familias homoparentales. Porque todo tiene que ver con eso, la familia.

La familia, para la extrema derecha italiana, está formada por un padre y una madre que contraen matrimonio. Todo aquello que se salga de ese esquema, no es válido. Es aberrante. Supone una amenaza. Y Meloni, cuando pretende legislar en esta materia, no lo hace pensando en aquellas mujeres vulnerables. Lo hace pensando en ese 10% de personas LGTBIQ+ que quieren tener descendencia.

Meloni juega en contra de la “ideología progre” y el “lobby LGTB”. Meloni, cuando habla de proteger a las mujeres y a los bebés, lo hace desde el mismo lugar que cuando afirma que la libre asignación de género “va en contra de las mujeres”. Y lo hace también cuando prohíbe la emisión en la RAI de un capítulo de Peppa Pig porque aparece una pareja de lesbianas.

Siempre es el mismo esquema: crear un agente terrorífico para sembrar el miedo. Las familias LGTB suponen un peligro para las infancias. En otros países europeos lo hemos visto: se ensambla un discurso de defensa de las mujeres frente a los agentes peligrosos de la sociedad. Los inmigrantes vienen a violarnos y los homosexuales a quedarse con nuestros hijos. Pero este argumento de protección a la mujer le sirve para que sus intenciones sigan opacas, turbias. Ya vimos la rapidez con la que convenció al primer ministro canadiense Trudeau cuando la acusó de homófoba: usted es víctima de las fake news.

Y mientras ella sonríe, las calles se incendian. Se llenan de odio disfrazado de amor. Junio es el Mes del Orgullo LGTB y en Italia, ahora también, el Mes del Orgullo de la Familia. La heterosexual, por supuesto.